PERE VALENCIANO
La trama por la que presuntamente el ex secretairo de Canet, José Antonio Sancho, y la ex alcaldesa tránsfuga, Natividad García, saquearon el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, llevará a declarar hasta la Ciudad de la Justicia de Valencia a casi una veintena de funcionarios y políticos.

Por el momento, ya han sido citados como testigos nueve funcionarios, entre los que se encuentran el arquitecto o el ingeniero. Entre los políticos, hasta ahora han recibido notificación Ana Grancha, Graciano Martínez, Vicent Gaspar y José Ignacio Lluch, cuatro de los ocho concejales que firmaron la moción de censura que desalojó del poder a José Manuel Peralta, del PP, en la legislatura 2007-11. Pero fuentes judiciales anuncian que es el principio de un largo pergrinaje.

Como adelantó El Periódico de Aquí, el fiscal de la sección de delitos económicos de Valencia pide para el ex secretario de Canet, José Antonio Sancho, 9 años de cárcel -está en prisión preventiva y sin fianza desde finales de abril- y otros tantos para la ex alcaldesa, atividad García, a los que acusa, junto a la Academia Valenciana de Juristas (AVJ) -a la que el fiscal pide su disolución-, Asesores Profesionales, Millena III Milenio y Rafael Parra Mateu -para el que pide tres y también encarcelado-, de varios delitos de coheho, prevaricación y malversación de caudales públicos, al considerar que la moción de censura del 10 de octubre de 2008 tuvo como objetivo ‘‘idear la forma de lucrarse con fondos públicos del Ayuntamiento a través de contratos de asesoramientos o de realización de supuestos informes jurídicos’’.

La moción de censura fue protagonizada por dos tránsfugas del PP, Nati García y Nacho Lluch, y seis concejales socialistas, capitaneados por el ex alcalde, Vicent Sanchis. Meses después de desalojar del poder a Peralta, Sanchis -que se hizo con Economía y Hacienda-, Julia Moreano y Rafa Sanz, abandonaron el equipo de gobierno y dejaron al resto en minoría.

Uno de esos concejales han señalado a El Periódico de Aquí que ‘‘quien trajo a Sancho a La Pobla fue Sanchis’’, aunque éste se desvinculó de Sancho en declaraciones a este rotativo: ‘‘cuando vi cosas que no me gustaban, decidí marcharme. Estuvimos apenas unos meses’’.

Este asunto se venía investigando en el juzgado número 3 de Massamagrell, hasta que otra causa en el juzgado número 12 de Valencia, ampliada a una veintena de Ayuntamientos, hizo que la investigación pasara a la capital.

La investigación en La Pobla comenzó a raíz de un informe demoledor que hizo la ex secretaria municipal antes de coger la baja por depresión, después de aterrizar Sancho como asesor del nuevo gobierno e interventor acumulado, tras la moción de censura de Natividad García contra su compañero de partido, José Manuel Peralta (PP), una operación que el fiscal considera que se realizó para robar dinero público. El Periódico de Aquí adelantó dicho informe el 14 de febrero de 2014, que motivó el inicio de una extensa investigación después de que un anónimo lo entregara en la Fiscalía Anticorrupción.

‘‘Percibió el acusado Sancho importantes cantidades de dinero a cargo de fondos municipales, que fueron abonados gracias a la intervención personal y directa de la acusada García. La contratación con el Ayuntamiento de la Pobla de las asociaciones o sociedades que dirige el acusado no fue obstáculo para que éste fuese nombrado interventor acumulado del Ayuntamiento desde marzo de 2009 hasta mayo de 2009, ejerciendo además como asesor personal de la misma’’, recoge dicho informe.

La clave la da el fiscal cuando acusa a Sancho de estar detrás de la AVJ, Millena III Milenio, José Antonio Sancho Abogados y Asesores Profesionales, pues ‘‘a pesar de las diferentes denominaciones y formas jurídicas todas son gestionadas y dirigidas por el acusado Sancho Sempere, creando un entramado con el único propósito de obtener facturación a su favor evitando aparecer como lo que era, el beneficiario directo de toda la contratación económica’’.

A partir de ahí el fiscal inicia una narración de los hechos delictivos, basados también en un informe de la Guardia Civil que ya publicó en exclusiva El Periódico de Aquí, en el que acusaba a Sancho y sus empresas de entregar ‘‘importantes cantidades de dinero’’ a García.

Así, respecto a la AVJ, el fiscal recuerda que su razón social está en calle Almirante 1 segundo bajo en Valencia y que sus estatutos ubicaban su creación en calle Palau 13, ‘‘teniendo el mismo domicilio que el acusado’’. Millena III Milenio tiene la misma dirección y tenía como administrador único a Juan José Sánchez Martínez, siendo Sánchez hijo de un afamado empresario del municipio con concesiones municipales-, pero el fiscal aporta que ‘‘el que aparece como autorizado en ocho cuentas de la sociedad es el denunciado Sancho, el cual la ha adquirido sin inscribir dicho extremo en el Registro Mercantil Central, habiendo sido advertido ello por el notario que formaliza diferentes protocolos notariales’’. Respecto a Asesores Profesionales (empresa que pegó un pelotazo en Canet, como publicó este rotativo en el año 2012 y 2013), tiene también como domicilio la calle Palau 13 y que ‘‘el acusado fija su domicilio social en la calle Almirante 1, el mismo que la AVJ. Entre sus miembros figura Rafael Parra Mateu’’. Después cita a José Antonio Sancho Abogado SLP, con domicilio en Palau 13.

A continuación, el fiscal va desgranando los pagos realizados del Ayuntamiento a las distintas sociedades en el ojo del huracán. En 2009 se abonaron a la Academia Valenciana de Juristas las facturas 105 y 104 de 17.400 y 3.480 euros pese a contar con la oposición de la secretaria municipal. También obtuvo Asesores Profesionales otros 20.300 euros por confeccionar el presupuesto del 2009 ‘‘trabajo remitido en pdf, sin firmar y que no fue utilizado por el Ayuntamiento dado que incumplía la normativa presupuestaria y era absolutamente inútil a la finalidad que se pretendía’’. Pese a que al final lo hizo la interventora ‘‘este documento fue el que sirvió igualmente para el abono de la factura 15/2011’’. También José Antonio Sancho Abogados se embolsó otros 20.010 euros el 23 de febrero de 2009 con una factura bajo ‘‘el concepto de informes urbanísticos’’ que ‘‘no están en el Ayuntamiento ni fueron nunca entregados por el acusado’’.

‘‘AVJ, pura artimaña’’

El fiscal comienza entonces a referirse profusamente a la AVJ -que ha llevado los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Canet hasta que Sancho entró en prisión-, que comienza a cobrar una serie de facturas con ‘‘el concepto vago y genérico de asesoramiento jurídico’’. En este punto el fiscal critica la ‘‘contratación efectuada con dicha academia por la acusada Natividad, que no respondió a ningún interés público, ni proceso de selelección’’. Además de invitar a la AVJ, se llamó a Yvorra ‘‘que declinó la invitación efectuada’’ y a José Antonio Sancho Abogado, ‘‘la cual también declinó su participación, que como ya se ha indicado es una de las sociedades controladas y dirigidas por Sancho Sempere siendo en definitiva una pura artimaña el proceso de contratatación (…) pues dos de ellas están bajo el dominio del acusado’’.

Si Sancho y sus sociedades sacaban tajada del dinero de todos los vecinos, García era recompensada a su vez por los primeros, según el fiscal, que se basa en el informe de la Guardia Civil. ‘‘La acusada recibió en pago, siendo alcaldesa en ejercicio, el abono de 2.900 euros con cheque de 2 febrero de 2011 por Millena III Milenio y 5.700 directamente del acusado Sancho Sempere con el objetivo de recompensar y gratificar la contratación y los importantes emolumentos que la actuación de la alcaldesa realizaba al acusado, bien por sí como persona física o a través de las sociedades’’.

En este entramado también entra una de las hijas de Sancho, quien ganó la plaza en La Pobla junto a la ex mujer del entonces alcalde socialista de Canet, después de recalar en su Ayuntamiento tras un canje con el funcionario José Rajadell. El fiscal cree que la alcaldesa abonó la factura 15/2011 de 1 de abril de 2011 por importe de 21.122 euros a la AVJ por un informe presentado a petición propia y que iba en contra de los intereses generales del propio Ayuntamiento’’ -así lo dijo la secretaria municipal antes de salir despavorida- ‘‘pero que beneficiaba económicamente a la hija del acusado Sancho Sempere, dado que intervino en un proceso de reclamación económica de la hija del acusado (…) y que era copia en un 70% con otro documento qu se había enviado en 2009 por otro concepto como era la elaboración de presupuestos’’.

Finalmente, ‘‘por orden de la acusada Natividad se abonó la factura 49/190 de 2.360 euros al también acusado Rafael Parra Mateu (…) por un estudio de modificación de créditos que no se encuentra en el Ayuntamiento conforme certificación expedida por la secretaria y se realiza dicho abono a través de la sociedad que dirige y controla, Asesores Económicos Públicos’’ (firma que ha realizado trabajos para distintos Ayuntamientos, entre ellos, Canet). ‘‘Dicho acusado mantiene una estrecha vinculación económica con Sancho’’, añade.